Siete exfuncionarios de la Alcaldía de Tunja, Boyacá, están en la mira de la Contraloría
Este proceso se abrió por un presunto detrimento patrimonial en la ejecución de un contrato del Aguinaldo Boyacense ejecutado en el 2022.
El proceso de responsabilidad fiscal que se la Contraloría de Tunja abrió contra siete exfuncionarios de la Alcaldía de Tunja es por un contrato del Aguinaldo Boyacense 2022.(Aguinaldo Boyancense Página Oficial)
Tunja
En las últimas horas se dio a conocer que la Contraloría Municipal de Tunja (Boyacá), abrió un proceso de responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial por el contrato para realizar el Aguinaldo Boyacense de 2022, contra varios ex trabajadores de la Alcaldía de la ciudad, en la administración anterior.
Según lo señala la Contraloría, son siete los exfuncionarios y la empresa contratista del Aguinaldo Boyacense los que fueron vinculados en la apertura del proceso de responsabilidad fiscal por el presunto detrimento patrimonial en la ejecución del contrato 1408-2022, cuyo objetivo era la “Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad para la realización del Aguinaldo Boyacense versión 67 del año 2022″, generando, al parecer, un presunto detrimento de CIENTO DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($110.199.000,00).
De acuerdo con la Contraloría de Tunja a los exfuncionarios que se les abrió el proceso de responsabilidad fiscal son:
Sandra Milena Pimentel Gómez, secretaria de Contratación, Licitaciones y Suministros de la Alcaldía de Tunja (Hoy Unidad Especial de Contratación Estatal).
Jeffer Iván Ochoa Sanguña, secretario de Hacienda.
José Fernando Morales Acuña, secretario de Gobierno (hoy denominado secretario del Interior y Seguridad Territorial).
William Bayardo Herrera Quiroga, secretario del Interior y Seguridad Territorial.
Karen Dayana Estupiñán Diaz, Asesora de Comunicaciones, Protocolo y Archivo Central (Hoy Gerente de la Gerencia Estratégica de Tecnologías de Comunicaciones y Protocolo) de la Alcaldía de Tunja.
Wilson Leonardo Velásquez Ayala, secretario de Desarrollo (Hoy Secretaría de Fomento Económico y Servicios Públicos) de la Alcaldía de Tunja.
Dalma Consuelo Amézquita Ávila, secretaria de Cultura y Turismo de Tunja.
Dentro del proceso también está la firma contratista ALIVE PRODUCTIONS LOGISTICS & BOOKING SAS, cuyo representante legal es Allan Horacio Acosta Velázquez (O QUIÉN HAGA SUS VECES).
El Ministerio Público de la capital del departamento agregó además en su documento:
“El municipio de Tunja celebró el contrato número 1408-2022, contrato del Aguinaldo Boyacense en el cual se hallaron deficiencias de planeación y seguimiento, pactándose actividades de manera global, que se concibieron desde los estudios previos y fueron trasladadas de igual manera al citado contrato. En la fijación del presupuesto del aguinaldo boyacense de la vigencia 2022, la entidad establece unos valores globales relacionados con los gastos, que se generan en el desarrollo del Aguinaldo Boyacense, discriminado en cada Ítem, su valor global, y descripción, sin embargo, se evidencia, que en el Ítem número, 4 se establece un concepto denominado. GENERALIDADES, con un valor correspondiente a DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS ($200.479.000), situación que como su nombre lo indica es general, ni se detalla a que corresponde este valor, de igual forma, en los informes de supervisión presentados en la ejecución del contrato, no se justifica de manera clara las razones que señalan dicha posición y por ende la certeza de su realización, ni se evidencia por ninguna parte, que el contratista, ni el supervisor, estableciera a que correspondió este Ítem, en el desarrollo del Contrato”.
La Contraloría de Tunja abrió proceso de responsabilidad fiscal contra siete exfuncionarios de la Alcadía y una firma contratista por presunto detrimento patrimonial.
La Contraloría de Tunja abrió proceso de responsabilidad fiscal contra siete exfuncionarios de la Alcadía y una firma contratista por presunto detrimento patrimonial.
La Contraloría de Tunja abrió proceso de responsabilidad fiscal contra siete exfuncionarios de la Alcadía y una firma contratista por presunto detrimento patrimonial.
La Contraloría de Tunja abrió proceso de responsabilidad fiscal contra siete exfuncionarios de la Alcadía y una firma contratista por presunto detrimento patrimonial.
