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Los exalcaldes de Necoclí y Chigorodó serán investigados por la Procuraduría

El ente de control trata de establecer la responsabilidad de los exmandatarios en contratos firmados para la construcción de escenarios deportivos en esas poblaciones.

(Colprensa-Sergio Acero)

(Colprensa-Sergio Acero) / Sergio Acero

Urabá

La Procuraduría informó que iniciará una investigación disciplinaria contra dos exalcaldes del periodo anterior en la subregión del Urabá por presuntas irregularidades encontradas en contratos firmados para la construcción de escenarios deportivos.

Una de las investigaciones es contra Eleazar Palacio Hernández, quien fue el anterior mandatario de Chigorodó en el periodo (2020 – 2023) y la presunta irregularidad de este mandatario es en la construcción del coliseo de combate ‘Yubergen Martínez’.

“La Segunda Delegada para la Contratación Estatal indicó que el exmandatario celebró un convenio interadministrativo con el Ministerio del Deporte en 2021 en el que, al parecer, hubo falencias en aspectos relacionados con los estudios y diseños requeridos para la obra, por lo que han tenido que modificarse en varias oportunidades y sido objeto de ajustes”, explicó la entidad en un comunicado.

La Procuraduría agregó que esta situación ha generado demoras en el proyecto, ocasionando que se tuviera que hacer adiciones económicas y solicitar prórroga al plazo pactado inicialmente, por lo que exalcalde Palacio Hernández “pudo incurrir en deficiencias de gestión, control y supervisión a las que estaba obligado por su rol de representante legal”.

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El otro exalcalde investigado será Augusto Tobón Castro, mandatario de Necoclí entre 2020 y 2023. Este exfuncionario habría desatendido sus responsabilidades en el contrato con el que se pretendía construir la Unidad Deportiva Juan Guillermo Cuadrado, que provocó suspensiones, cambios y ajustes en los diseños y estudios.

“El proyecto financiado con recursos del Ministerio del Deporte, pudo presentar debilidades en la planeación y estructuración del proyecto, y que el consultor no realizó en el tiempo estipulado las observaciones hechas por el interventor, lo que provocó que los plazos fijados para la entrega no se cumplieran”, manifestó el ente de control.

Por ahora, la etapa procesal está en que busca conocer la ocurrencia de los hechos denunciados mediante solicitud de pruebas, con lo que busca determinar “si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.

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